El Gobierno Provincial expropiará dos Salas del Teatro Libertador

Luego de las repercusiones de la escandalosa venta de dos salas de ensayo del Teatro Libertador a manos del grupo económico Alto Palermo Sociedad Anónima (APSA), el gobierno provincial envió un proyecto a la legislatura para expropiarlas. El convenio de venta había sido firmado en el 2005 entre el gobierno provincial y los concesionarios del Patio Olmos –ver documento en el boletín oficial-.

Una vez conocida la venta de las salas, fuentes del Gobierno salieron a argumentar que nunca fueron del teatro. Al respecto, el secretario de información pública Marcelo Falo dijo: “La Provincia lo que ha hecho ahora es completar aquel proceso que se inició con el gobierno de Angeloz, y ´transferir la propiedad´ a cambio de una suma de dinero importantísima".

Por su parte, Martín Amengual, representante de los actuales concesionarios del Patio Olmos, confirmó que "la propiedad de las salas era de la Provincia, no hay ninguna duda de eso". Prueba de ello es el convenio que se firmo entre esta empresa y el gobierno, donde se especificaba que los concesionarios debían construir una sala de ensayos, la cual sería transferida sin costo alguno a la Provincia de Córdoba.

Frente a esto, Falo indicó que “cuando Angeloz lo concesionó –al ex colegio Olmos-, esas dos aulas eran parte de la escuela y se respetó el derecho de uso al Teatro San Martín, de la misma manera se procedió ahora, se respeta ese derecho de esas dos salas para el ballet y la orquesta hasta el año 2032”.

A su vez, los trabajadores del Teatro hicieron oír su reclamo:

Finalmente, a raíz del escándalo producido por este hecho, el Ejecutivo Provincial decidió enviar un proyecto a la legislatura para expropiar las salas en cuestión.

Cómo fue avanzando la noticia

La Provincia vendió dos salas del Teatro del Libertador al grupo Irsa

Se confirmó que las salas eran de la Provincia

La Provincia justificó la venta de las salas del Patio Olmos

Gobierno provincial expropiará las salas del Patio Olmos para cederlas al Libertador

Crece el escándalo por la venta de dos salas del Libertador

Sedevecantistas demoraron muestra artística en la U.N.C.

Fanáticos religiosos demoraron el pasado miércoles 17 de octubre la apertura de las Jornadas por la Libre Expresión brindadas por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) en el Pabellón Argentina. Se trató de los ya conocidos hermanos Espina –quienes cuentan con antecedentes en este tipo de intentos de censura- y un minúsculo grupo de católicos conformado por cinco adultos y ocho niños.

Tras el fracaso de la vía legal, rechazada por la justicia federal horas antes del comienzo de la muestra, al grito de “viva cristo” y “viva la virgen”, el colectivo liderado por los hermanos Espina intentó impedir la exposición de Roque Fratichelli y Alfonso Barbieri evitando el ingreso al subsuelo del pabellón, donde se encontraban la obras.

Al respecto, el sacerdote Juan Espina decía:

La policía, por su parte, se limitó a impedir el ingreso de las personas que se hicieron presentes en la ciudad universitaria con el argumento de evitar posibles enfrentamientos. Puertas afuera, quienes querían visitar la muestra comenzaron a entonar cánticos en contra de quienes querían impedirla.

Esta vez, no hubo destrozos. Espina y los suyos se retiraron tras una larga negociación con el fiscal de turno.
Finalmente, la muestra fue abierta al público y permanecerá hasta el miércoles 31 del corriente.

Cabe aclarar que un día antes del comienzo de las Jornadas por la Libre Expresión la rectora de la UNC, Carolina Scotto, realizó una presentación ante la justicia federal -ver artículo- luego de recibir una carta con amenazas por parte de los fanáticos religiosos. En respuesta a ello, un fiscal ordenó a la policía custodiar la muestra.

Continúa durmiendo en el congreso la ley contra la Obesidad

Desde hace ya varios años se viene reclamando por una Ley que contemple a la Obesidad como una enfermedad. El objetivo se centra en que las empresas de medicina prepaga y obras sociales incluyan este flagelo dentro de las prestaciones básicas en todas sus etapas: prevención, diagnóstico, tratamiento e intervención quirúrgica.

Existen varios proyectos a nivel nacional (ver proyecto de ley de Fundación ALCO) e incluso en la provincia de Catamarca se sancionó en 2006 una ley que incorporó a la obesidad como una enfermedad en el sistema público y privado de salud de la provincia (ver artículo de La Nación).

Desde las empresas de medicina prepaga y obras sociales se advierte que es imposible incluir el tratamiento de la obesidad sin que ello repercuta en el bolsillo del afiliado. Por ello, consideran necesaria una ayuda Estatal, a través de la exención impositiva para así poder destinar dinero a obesidad y sobrepeso. Por otra parte, es necesario tener en cuenta que muchos empresarios de la salud no miran los trastornos relacionados al sobrepeso como enfermedades sino como cuestiones estéticas.





Como contraparte, la Organización Mundial de la Salud y muchos especialistas, sostienen que la obesidad y el sobrepeso han alcanzado el carácter de epidemia (ver “La obesidad: Un Epidemia en Curso”), y su principal problema se debe a su asociación con enfermedades crónicas como las cardiovasculares, diabetes, hipertensión arterial y ciertos tipos de cáncer.

Todo esto, sin tener en cuenta el problema social que implica ser obeso o tener sobrepeso en sociedades como las que nos tocan vivir.

Actualmente existen en el Congreso de la Nación dos proyectos concretos para incluir al trastorno de la obesidad dentro de la cobertura de salud obligatoria. Ambos, desde hace mas de un año, esperan el análisis de la comisión de Salud para su sanción efectiva.

¿Cómo solicitar información pública?

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) presentó a fines de setiembre de 2007 su informe anual sobre libertad de prensa. En él llamó la atención sobre los condicionamientos a la libertad de los medios periodísticos y la falta de acceso a la información pública. (ver artículo completo)
En su informe anual, Adepa se refirió además a otros aspectos, como las actitudes del Estado al descalificar a periodistas o al hostigamiento sufrido por algunos profesionales de la prensa. Además, volvió a insistir sobre el uso direccional de los recursos públicos, utilizados en algunos casos para “castigar la discrepancia y premiar la afinidad”.
A raíz de las denuncias presentadas por esta entidad, se hace indispensable conocer cuales son los pasos formales que deben seguirse a la hora de solicitar información pública.
Como primera medida hay que tener en cuenta que el acceso a la información pública está contemplado en la Constitución Nacional, a través de la incorporación de la Convención Americana sobre derechos Humanos y el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos (CN art. 75 inciso 22).
Una vez entendido esto, para formalizar el pedido, es necesario efectuarlo por escrito explicitando la autoridad a la que se le solicita la información, el tipo de información requerida y un plazo de tiempo para el acceso efectivo. Existe un modelo de carta para solicitar información pública en el sitio web de la organización “Acceso a la Información”. (ver sitio).
Si bien lo que denuncia Adepa es la falta de acceso a la información a pesar de los métodos utilizados para solicitarla, hacerlo de manera formal y por escrito, otorga mayores posibilidades de obtener una respuesta favorable.

Darío Gallo, editor de la Revista Noticias, cuenta su relación con el Gobierno de Kirchner